El Consejo de ministros aprobó hoy el proyecto de ley de prevención del tabaquismo y estudió un plan para mejorar la seguridad y la salud en el trabajo y reducir la siniestralidad laboral.

Estas fueron dos de las cuestiones principales tratadas hoy en la reunión del Gabinete presidido por José Luis Rodríguez Zapatero y en la que se dio respuesta a seis documentos que habían sido solicitados por la comisión de investigación parlamentaria de los atentados del 11 de marzo del año pasado.

La ley antitabaco pretende el Ejecutivo que sirva para prevenir el inicio del consumo, proteger a los no fumadores y ayudar a los que fuman a dejar este hábito, incluye la prohibición de fumar en los centros de trabajo y eleva de los 16 a los 18 años la edad para poder vender y comprar tabaco.

En los bares y restaurantes de más de cien metros cuadrados se habilitarán zonas para fumadores, y los que tengan menor superficie deberán indicar claramente en la entrada y en su publicidad si se permite o no fumar en su interior.

Las sanciones se adaptarán a la capacidad económica del infractor y podrán elevarse hasta 600.000 euros en casos de infracciones muy graves.

El Plan para mejorar la seguridad y la salud en el trabajo que hoy estudió el Consejo de ministros recoge la estrategia española en este ámbito y compila una serie de medidas específicas y una importante movilización de recursos para ello.

Entre las medidas previstas se encuentra el fortalecimiento de la inspección de Trabajo y de los recursos materiales y humanos del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo y una mayor colaboración entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas.

Para desarrollar el Plan se movilizarán por parte del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 450,7 millones de euros.

Respecto a los documentos solicitados por la comisión del 11-M, el Gobierno informó de que dos ya fueron remitidos en su día, otros dos no existen y otros dos subraya que deben ser pedidos a la Audiencia Nacional y al juez de vigilancia penitenciaria.

En este último caso se trata de la petición de la conversación grabada en la cárcel de Villabona entre el militante socialista Fernando Huarte y el preso argelino Abdelkrim Bensmail, solicitud que el Gobierno considera que afecta al derecho a la intimidad y, por ello, remite al juez de vigilancia.

El Gobierno acordó también hoy incrementar las bonificaciones a las empresas para la formación de sus trabajadores, así como un anteproyecto de ley de participación de los trabajadores en las Sociedades Anónimas europeas domiciliadas en España.

De igual forma, analizó un informe sobre la evolución de las principales iniciativas en las que el Gobierno está trabajando relativas a la promoción y fomento de la lectura y del libro.

Otro acuerdo fue la autorización de la firma del Tratado de adhesión de Bulgaria y Rumanía a la Unión Europea.

La modificación del Reglamento del Consejo de Estado, la regulación de la obtención del título de especialista en enfermería y la tramitación urgente en el Senado de la ley de impulso de la Televisión Digital Terrestre fueron otros acuerdos del Consejo.

A ellos se sumó la aprobación de nuevas tarifas del trasvase Tajo-Segura, la concesión de dos programas de televisión digital a Aragón y la autorización de los derechos políticos de una sociedad de Omán en una empresa española de gas.

En el capítulo de obras, se autorizaron dos nuevos tramos de la línea de alta velocidad de Levante, en la provincia de Valencia, por importe de 197,5 millones de euros, así como el tramo de la autovía del Cantábrico entre Barreiros y Reinante, en Lugo, con un presupuesto de casi 36 millones de euros.

Entre otras, también autorizó obras para instalaciones de seguridad en el tramo ferroviario entre Estación de la Fuente de San Luis y las terminales interiores del Puerto de Valencia.

El Consejo aprobó una serie de ayudas a la apicultura y la ordenación de explotaciones apícolas y la autorización de la suscripción de dos convenios del Instituto nacional de Investigación y Tecnología para aumentar la calidad y seguridad de productos cárnicos.

Entre los nombramientos aprobados, Juan López Dóriga y Alejandro Polanco Mata serán los embajadores de España en Belice y Malí, respectivamente, y María Josefa López González será la nueva directora del Gabinete de la ministra de Vivienda.